Este jueves 16 de febrero, hemos participado en la “Ponencia de estudio del impacto de género de la crisis del COVID-19 y sus consecuencias en nuestro país” de la Comisión de Igualdad del Senado con la ponencia de Rocío Mora, directora de APRAMP, y Carmen Ynzenga Gimeno, responsable del programa relativo a la trata de seres humanos de la Fundación Cruz Blanca.
En la ponencia, la directora ha aportado y compartido datos y propuestas para la incorporación de una perspectiva feminista en las políticas de empleo y reactivación económica para garantizar que se tenga en cuenta los derechos de las mujeres y la reducción de las brechas de género. Y es que la realidad que desde APRAMP llevamos viendo desde hace 35 años años, avalan el compromiso de la organización en la defensa de los Derechos Humanos y la atención integral de las personas en situación de prostitución y/o víctimas de trata, así como la detección y la prevención, sensibilización social y formación de profesionales trabajando por dar alternativas a las mujeres y menores víctimas de esta lacra.
Y es que, en relación con la crisis del COVID-19, esta crisis ha provocado una situación inédita para el conjunto de la sociedad española y, también y especialmente, ha tenido graves consecuencias para las víctimas de trata, así como para personas prostituidas; y que se han ido mantenido en el tiempo tras el confinamiento como:
- Aumento de la deuda
- Crecimiento de la violencia física y psicológica
- Mayor aislamiento y control de movimientos y traslado al extrarradio
- Un aumento del riesgo de contraer ITS y otras enfermedades
- Aislamiento y falta de comunicación con fuentes oficiales, además del riesgo de ser víctimas de estafa de “phishing”.
- Un aumento, desde el comienzo de la pandemia, de mayores de 18 años de origen español, migrantes de segunda generación o jóvenes nacionalizados que acceden a espacios de prostitución con la idea de conseguir grandes sumas de dinero rápidamente y que nos preocupa muchísimo.
- Que éste perfil de jóvenes mayores de 18 años se ve enormemente influenciado por acciones de sexting que han aumentado en los tiempos de pandemia.
- Aumento del número de víctimas de trata que eran menores cuando comenzaron a ser explotadas: durante el 2022, el 52,4% de las mujeres entrevistadas por APRAMP manifestaron que haber sido iniciadas en la explotación sexual y prostitución siendo menores.
A pesar de las dificultades que se han hecho presentes en este tiempo en el acceso a medidas como los recursos habitacionales y la solicitud del Ingreso Mínimo Vital por parte de víctimas de trata y explotación sexual debido a sus particularidades y situaciones que se han de valorar de forma particular, también se ha avanzado durante el último año 2022 con la aprobación y aplicación de cuestiones como:
- Real Decreto 6/2022 de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, abriendo la puerta a medidas de acreditación, acceso a derechos y planes integrales como el Plan Camino.
- Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad relativo a la acreditación administrativa de las víctimas de trata y explotación sexual garantizando el acceso a derechos sociales, según mandata el Convenio de Varsovia, mediante la detección y acreditación de indicios de trata y avance significativo hacia un nuevo modelo de identificación.
- Publicación del Plan Camino 2022-2026 cuyos resultados a su impacto están en desarrollo.
- Aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata en noviembre de 2022 y que permitirá contemplar todas las formas de trata (sexual, laboral, trabajo forzoso, tráfico de órganos, matrimonios forzoso y forzados, actividades delictivas…); homogeneizar las políticas públicas de atención a las víctimas en todos los territorios del Estado, incorporar un enfoque de género de derechos humanos y clara perspectiva de género en todas sus disposiciones y, principalmente, poner en el centro de las actuaciones a las personas y consolidar el enfoque de actuación y protección integral que debe imperar ante esta grave violación de Derechos Humanos; así como retomar el espíritu del Pacto de Estado y avanzar en una problemática como sociedad a nivel general y de mujeres y niñas en particular.
