El miércoles, 29 de mayo, el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha declarado por unanimidad que la práctica conocida como stealthing*, que consiste en quitarse el preservativo sin consentimiento durante la práctica de relaciones sexuales, es un delito.
Así, se marca en nuestro país el comienzo del camino para reconocer el stealthing como otra forma de violencia sexual. El término, que literalmente significa “sigilosamente”, “en sigilo” o “secretamente” en inglés, lo acuñó la abogada estadounidense Alexandra Brodsky en su artículo “Rape-Adjacent: Imagining Legal Responses to Nonconsensual Condom Removal”, en que lo definió como “retiro del preservativo de manera no consensuada durante la relación sexual”.
Como ella misma recoge, esta práctica, ahora delito, expone a las víctimas a riegos de salud y de embarazo, y se percibe por muchas personas como una grave violación de la dignidad y la autonomía. Puede entenderse, por tanto, que transforma una relación sexual consentida en todo lo contrario: una relación sexual no consentida.
Y así lo consideran cinco de los magistrados del Pleno que han anunciado su voto particular en la deliberación sobre la penalización que debe ser impuesta: la pena debe corresponder a la de una penetración sin consentimiento, es decir, a la de una violación, y por tanto conllevar una condena de cuatro a doce años de prisión. Del resto de magistrados se desconoce su posición.
El Supremo ha llegado a esta conclusión, a raíz de un caso procedente de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que se recoge que el acusado contagió una ITS a una mujer tras quitarse el preservativo sin consentimiento mientras mantenía relaciones sexuales con ella. El hombre fue condenado por la Audiencia Provincial a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual, más seis meses adicionales por lesiones.
La sentencia será notificada y publicada en las próximas semanas, momento en el que se conocerá exactamente la modalidad delictiva. España se une así a países como Australia o Canadá, pioneros en introducir en sus legislaciones el stealthing como delito.
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* Alexandra Brodsky “Rape-Adjacent: Imagining Legal Responses to Nonconsensual Condom Removal”. Columbia Journal of Gender and Law, Vol. 32, No. 2, 2017.
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