Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas

“La trata de mujeres, niñas y niños, usadas sobre todo para la explotación sexual de poderosos, esclavas escogidas en distintos países y provincias, esclavas valiéndose de la necesidad económica de la familia, esclavas engañadas por medio de la inmigración irregular..."

“La trata de mujeres, niñas y niños, usadas sobre todo para la explotación sexual de poderosos, esclavas escogidas en distintos países y provincias, esclavas valiéndose de la necesidad económica de la familia, esclavas engañadas por medio de la inmigración irregular. El ejercicio de la prostitución bajo amenaza de muerte de ellas o de sus familias, niñas menores en brazos de pederastas sin escrúpulos; es un negocio redondo…la vida de esas mujeres, de esas niñas y niños, no vale nada para estas personas que las compran y venden, que las regalan, que las violan, que las engañan, que las secuestran…El Estado argentino debe asumir su responsabilidad en este delito”

La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una o más personas dentro del territorio nacional y/o desde o hacia el exterior, con fines de explotación económica o cualquier tipo de beneficio para sí o para terceros. Es una de las actividades criminales más lucrativas a nivel mundial, después del tráfico de drogas y la venta de armas.

En la Argentina, ante la inacción del Estado en la materia, se someten cerca de 500.000 personas, con una altísima participación de mujeres y niñas, según estimaciones de la OIT.

La trata de personas es una actividad ilegal desarrollada por bandas de crimen organizado que no forman parte del Estado. Sin embargo, resulta claro que para que este crimen ocurra se requiere al menos de la omisión del Estado.

El gobierno argentino ha suscripto en el año 2002 el “Protocolo de Palermo”, en razón de ello, el Congreso de la Nación sancionó la Ley que tipifica la conducta delictiva, no obstante, no contiene las condiciones necesarias para poder condenar el delito en todos los casos, por lo tanto el fue escaso y conflictivo ya que los índices de este delito van en aumento en todo el país y, particularmente, en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. 

La Ley no es eficaz en el combate del delito y en la protección a las víctimas, vulnera convenciones internacionales de derechos humanos, como el Convenio contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, en definitiva, no protege efectivamente los derechos humanos de las personas víctimas de trata,  no basta con tipificar el delito sino que es necesario que el Estado comience a delinear acciones de carácter preventivo, de protección y asistencia a las víctimas de trata, con políticas claras dirigidas a erradicar este delito.

El Estado argentino debe asumir su responsabilidad en este delito, ya que el mismo obedece a múltiples causas, como las dificultades económicas, la exclusión y la violencia social, la falta de educación, trabajo, tolerancia hacia la prostitución juvenil e infantil, abundancia de trabajos abusivos e irregulares, impunidad y falta de investigación, connivencia política y policial, ausencia de control de los pasos de frontera, y por ende existencia de zonas liberadas a este delito.

Es necesario que el gobierno argentino tome medidas implementando políticas para combatir este delito, asista a las víctimas y realice campañas masivas de prevención, de lo contrario la trata seguirá creciendo y las redes del crimen robusteciéndose.

Hoy, la Argentina ha vuelto a ser un terreno fértil para los tratantes y sus mujeres vuelven a estar en riesgo de ser secuestradas y llevadas lejos de sus hogares y convertidas en esclavas sexuales.

Este riesgo y por eso es tan importante que este delito deje de ser invisible no respeta rango ni condición porque las redes de traficantes son cada vez sofisticadas y así como usan la tecnología moderna para burlar las leyes  también han perfeccionado la sutileza de sus métodos de captación de víctimas.

Mientras esto ocurre, el Estado, no sólo pierde el rumbo en materia económica, social, institucional, política,  sino que por su inacción se convierte en socio de las vulneraciones de los derechos de las personas.